El tabú semántico de la reforma cubana

Escuchar este artículo

Audio completo disponible.

Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- Es predecible que dirigentes y funcionarios del PCC y del Gobierno insistan en que la empresa estatal sigue siendo el eje del modelo cubano “en transformación”. Menos claro es qué están dispuestos a decir, en público, los economistas vinculados a entidades estatales sobre un desajuste que ya resulta evidente.

En el relato oficial, la terminología cubana se parece más a la de la URSS y Europa del Este a fines de los años ochenta que a la de China y Vietnam. En la práctica de las 176 medidas de 2026 hay un amago de acercamiento a Asia; en el vocabulario del modelo, no.

China y Vietnam nombraron el sistema. China habla de “economía de mercado socialista”. Vietnam, de “economía de mercado de orientación socialista”. En ambos casos el mercado dejó de ser un instrumento auxiliar y pasó a ser el nombre del régimen económico.

El oficialismo cubano, en cambio, sigue hablando de sistema de economía socialista, de planificación que “incorpora y regula” el mercado y de empresa estatal socialista como “principal actor económico”.

El lenguaje oficial retrasado

El mercado se admite como mecanismo; no se consagra como definición del orden.

La terminología de política económica rara vez decide el rumbo de un país. Lo que cuenta es qué se autoriza, qué se prohíbe, en qué orden y con qué costos se aplica. Un decreto que permite quebrar empresas, vender acciones o formar precios por el mercado vale más que mil fórmulas sobre “socialismo”, “mercado” o “plan”.

Aun así, el relato no es ruido. Sirve para administrar el sentido de la ruptura. Quien reforma un modelo que se ha presentado como identidad nacional no solo cambia reglas; debe decir que no está traicionando el origen. Por eso el lenguaje oficial suele retrasarse respecto a la práctica. Nombra continuidad donde hay giro, instrumento donde hay cambio de régimen de asignación, “actualización” donde hay redefinición de propiedad y de poder económico.

Eso no es un defecto de estilo. Es una función. El vocabulario revela prioridades y tabúes: qué se puede admitir en voz alta y qué debe seguir envuelto. Pero oscurece el punto crítico: el plan deja de asignar recursos y el mercado empieza a hacerlo; el Estado pasa de productor a accionista; la empresa estatal deja de ser unidad administrativa y se convierte en sociedad mercantil. Esas mudanzas se disimulan mejor si se siguen llamando “mecanismos”, “actores”, “perfeccionamiento”, o “sistema empresarial único”.

Por eso el relato interesa menos por su coherencia teórica que por sus omisiones. Cuando un gobierno insiste en que el mercado “se regula en función del socialismo” y evita decir “economía de mercado”, no está describiendo el sistema, sino marcando el límite de lo que el poder está dispuesto a reconocer.

Lo no dicho —capital, desigualdad, pérdida de control directo, nueva coalición de intereses— es a menudo el contenido real de la reforma.

Distancia entre hechos y palabras

La secuencia de las acciones desmiente o confirma ese relato. Si primero se liberalizan precios, propiedad y banca, y después se mantiene el mismo léxico fundacional, el discurso no explica el proceso: lo cubre mientras ocurre.

Tomar nota del lenguaje, entonces, no es tomarlo al pie de la letra. Es leerlo como mapa de lo que se quiere hacer visible y de lo que se necesita mantener en penumbra para que la reforma sea políticamente digerible.

Por aquello de Orwell acerca de que el lenguaje político está diseñado para dar apariencia de solidez al viento.

Esa distancia entre hechos y palabras no es un detalle semántico. Es la forma en que el poder gestiona la ruptura: cambia la asignación de recursos sin rebautizar el modelo. Por eso el silencio —o la cautela— de quienes conocen la economía desde dentro importa tanto como el discurso de quienes la justifican desde arriba.